El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Polanco (que cogobierna con el PRC en el municipio), a través de su portavoz Felipe Tapia y con la asistencia de los ediles del mismo grupo, Rubén Garcia y Mario Gutiérrez, ha pedido, en rueda de prensa, la reapertura del puerto de Requejada y su dragado, en base a unos informes de la Abogacía del Estado de Cantabria, de agosto de 2011 y otro de la Abogacia del Estado de Madrid, de octubre de 2011, sobre la situación de este puerto.
Tapia se ha referido a la reunión que mantuvieron con el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, para analizar la situación de este puerto y que este les había trasladado que el puerto era privado y que el Gobierno regional no tenía competencias en él por lo que además de no tener dinero no iba a invertir un duro en una instalación privada.
Tapia también ha recordado que la Mesa Especial del Besaya incluyó en su Plan de Acción 2016-2018 la posibilidad de abrir este puerto, algo que ellos llevaban en su programa electoral y que esta propuesta fue aprobada por todos los ayuntamientos y por el propio Gobierno regional.
Para Tapia estos informes de la Abogacía del Estado desmienten las “leyendas negras” que existen sobre esta infraestructura portuaria.
El edil socialista Mario Gutiérrez se ha referido a estos informes. En el primer informe, se indica que en mayo de 2003 se emitió a su vez otro informe por parte de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado, en el que sienta las siguientes conclusiones: Los actuales explotadores de las instalaciones portuarias de Requejada vienen desarrollando su actividad sin ningún tipo habilitante, al haberse extinguido el correspondiente título administrativo con la renuncia formulada por la Compañía que es erl caso que ahora nos ocupa.a rrias son de la competencia de la Diparrollando su actividsad Asturiana de Zinc. S.A.
En el segundo informe si se reconoce que la empresa Julio Cabrero y Cia tiene una concesión transferida por la Compañía Asturiana de Zinc si bien se ha realizado con irregularidades en tanto que no se comunicó a la Administración.
Una segunda conclusión de este primer informe señala que las mencionadas instalaciones portuarias son de la competencia de la Diputación Regional de Cantabria, al haber sido objeto de transferencia a la misma no sólo el puerto de Suances, sino también las instalaciones existentes en la ría que es el caso que ahora nos ocupa. Desde mayo de 2003 se conoce que la transferencia se hizo a la comunidad autónoma.
Una tercera conclusión de este informe señala que actualmente las citadas instalaciones son de competencia autonómica y están integradas en el puerto de Suances. No obstante, no están en condiciones de prestar debidamente los servicios portuarios a los que se refiere el artículo 24 de la Ley de Puertos de Cantabria. Además se señala que la compañía Julio Cabrero y Cia, S.L. no es dueña de los terrenos que constituye la zona de servicios sobre las que las instalaciones se asientan sino que éstas se integran en el domino público. La compañía Julio Cabrero y Cia S.A. no puede desarrollar operaciones de “tráfico portuario” en las citadas instalaciones sin que previamente se le conceda o adjudique su gestión por la Administración Autonómica.
Una cuarta conclusión recogida en este informe señala que cuando se regularice la situación del denominado “puerto de Requejada”, su clasificación dependerá del tipo de tráfico al que, en su caso, se destine.
El segundo informe de la Abogacía del Estado ratifica lo que dice el primero. Sólo introduce un matiz pues dice que si hubo una transferencia de la concesión a Julio Cabrero y que la actividad que ha desarrollado lo ha hecho con un título que le habilitaba para ello.
Este segundo informe incluye también una nota de la Abogacía del Estado de Cantabria que dice que “este matiz consiste en considerar que la transmisión efectuada en 1983 supuso la transmisión de la concesión otorgada a la Compañía Asturiana de Minas para explotar la Ría de San Martín. No obstante, las consecuencias jurídicas de esta puntualización no afectan a la realidad actual del denominado Puerto de Requejada por cuanto la transferencia no se comunicó a la Administración (y por tanto, no surtió efectos) y en todo caso, la vigencia de la concesión sería incompatible con la legislación actual, por lo que la solución que propuso esta abogacía en este informe se mantiene inalterada.
Para Tapia es ”sangrante” que el Gobierno regional no quiera invertir ni un solo euro en esta infraestructura ahora que se sabe que es de su competencia cuando recientemente ha anunciado una inversión de 39 millones de euros en puertos de Cantabria al tiempo que ha lamentado que se hayan explorado otras posibilidades de obtener financiación europea para estas instalaciones.
El edil socialista ha afirmado que “su reapertura no es una chifladura del PSOE” y ha asegurado que tienen el compromiso de usar estas instalaciones por parte de grandes empresas como Solvay, Landaluce o Alvarez.
Ha asegurado que su socio de gobierno en el Ayuntamiento, el PRC, también está de acuerdo y que por ello, propone una serie de trámites y pasos para conseguirlo, a través de soluciones administrativas y técnicas.
Respecto a las primeras, Rubén García ha explicado que éstas son delimitar la zona de servicio y que la comunidad autónoma asuma la gestión directa de las instalaciones portuarias de Requejada.
Y sobre las técnicas, ha apuntado realizar una batimetría (con un coste de 7.000 euros) de la ría de San Martín para comprobar el estado de sus fondos; llevar a cabo un dragado preventivo en los lugares de acumulación de arenas en caso de existir; solicitud a la autoridad competente su reapertura a la navegación especificando los calados permitidos según la batimetría y el resultado del dragado y por último, establecimiento de un régimen confesional y creación de la Autoridad Portuaria.
Según Tapia, ”estas peticiones no queremos que se hagan de un día a otro sino que pedimos que se vayan dando los pasos necesarios para que cuando la situación económica lo permita poder proceder a la reapertura del puerto de Requejada en buenas condiciones“.
Tapia se ha referido a la reunión que mantuvieron con el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, para analizar la situación de este puerto y que este les había trasladado que el puerto era privado y que el Gobierno regional no tenía competencias en él por lo que además de no tener dinero no iba a invertir un duro en una instalación privada.
Tapia también ha recordado que la Mesa Especial del Besaya incluyó en su Plan de Acción 2016-2018 la posibilidad de abrir este puerto, algo que ellos llevaban en su programa electoral y que esta propuesta fue aprobada por todos los ayuntamientos y por el propio Gobierno regional.
Para Tapia estos informes de la Abogacía del Estado desmienten las “leyendas negras” que existen sobre esta infraestructura portuaria.
El edil socialista Mario Gutiérrez se ha referido a estos informes. En el primer informe, se indica que en mayo de 2003 se emitió a su vez otro informe por parte de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado, en el que sienta las siguientes conclusiones: Los actuales explotadores de las instalaciones portuarias de Requejada vienen desarrollando su actividad sin ningún tipo habilitante, al haberse extinguido el correspondiente título administrativo con la renuncia formulada por la Compañía que es erl caso que ahora nos ocupa.a rrias son de la competencia de la Diparrollando su actividsad Asturiana de Zinc. S.A.
En el segundo informe si se reconoce que la empresa Julio Cabrero y Cia tiene una concesión transferida por la Compañía Asturiana de Zinc si bien se ha realizado con irregularidades en tanto que no se comunicó a la Administración.
Una segunda conclusión de este primer informe señala que las mencionadas instalaciones portuarias son de la competencia de la Diputación Regional de Cantabria, al haber sido objeto de transferencia a la misma no sólo el puerto de Suances, sino también las instalaciones existentes en la ría que es el caso que ahora nos ocupa. Desde mayo de 2003 se conoce que la transferencia se hizo a la comunidad autónoma.
Una tercera conclusión de este informe señala que actualmente las citadas instalaciones son de competencia autonómica y están integradas en el puerto de Suances. No obstante, no están en condiciones de prestar debidamente los servicios portuarios a los que se refiere el artículo 24 de la Ley de Puertos de Cantabria. Además se señala que la compañía Julio Cabrero y Cia, S.L. no es dueña de los terrenos que constituye la zona de servicios sobre las que las instalaciones se asientan sino que éstas se integran en el domino público. La compañía Julio Cabrero y Cia S.A. no puede desarrollar operaciones de “tráfico portuario” en las citadas instalaciones sin que previamente se le conceda o adjudique su gestión por la Administración Autonómica.
Una cuarta conclusión recogida en este informe señala que cuando se regularice la situación del denominado “puerto de Requejada”, su clasificación dependerá del tipo de tráfico al que, en su caso, se destine.
El segundo informe de la Abogacía del Estado ratifica lo que dice el primero. Sólo introduce un matiz pues dice que si hubo una transferencia de la concesión a Julio Cabrero y que la actividad que ha desarrollado lo ha hecho con un título que le habilitaba para ello.
Este segundo informe incluye también una nota de la Abogacía del Estado de Cantabria que dice que “este matiz consiste en considerar que la transmisión efectuada en 1983 supuso la transmisión de la concesión otorgada a la Compañía Asturiana de Minas para explotar la Ría de San Martín. No obstante, las consecuencias jurídicas de esta puntualización no afectan a la realidad actual del denominado Puerto de Requejada por cuanto la transferencia no se comunicó a la Administración (y por tanto, no surtió efectos) y en todo caso, la vigencia de la concesión sería incompatible con la legislación actual, por lo que la solución que propuso esta abogacía en este informe se mantiene inalterada.
Para Tapia es ”sangrante” que el Gobierno regional no quiera invertir ni un solo euro en esta infraestructura ahora que se sabe que es de su competencia cuando recientemente ha anunciado una inversión de 39 millones de euros en puertos de Cantabria al tiempo que ha lamentado que se hayan explorado otras posibilidades de obtener financiación europea para estas instalaciones.
El edil socialista ha afirmado que “su reapertura no es una chifladura del PSOE” y ha asegurado que tienen el compromiso de usar estas instalaciones por parte de grandes empresas como Solvay, Landaluce o Alvarez.
Ha asegurado que su socio de gobierno en el Ayuntamiento, el PRC, también está de acuerdo y que por ello, propone una serie de trámites y pasos para conseguirlo, a través de soluciones administrativas y técnicas.
Respecto a las primeras, Rubén García ha explicado que éstas son delimitar la zona de servicio y que la comunidad autónoma asuma la gestión directa de las instalaciones portuarias de Requejada.
Y sobre las técnicas, ha apuntado realizar una batimetría (con un coste de 7.000 euros) de la ría de San Martín para comprobar el estado de sus fondos; llevar a cabo un dragado preventivo en los lugares de acumulación de arenas en caso de existir; solicitud a la autoridad competente su reapertura a la navegación especificando los calados permitidos según la batimetría y el resultado del dragado y por último, establecimiento de un régimen confesional y creación de la Autoridad Portuaria.
Según Tapia, ”estas peticiones no queremos que se hagan de un día a otro sino que pedimos que se vayan dando los pasos necesarios para que cuando la situación económica lo permita poder proceder a la reapertura del puerto de Requejada en buenas condiciones“.
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