miércoles, 18 de octubre de 2017

Santander: CCOO se opone a que los ayuntamientos participen en la negociación de la Orden de Corporaciones Locales


CCOO de Cantabria ha mostrado su rechazo a la Proposición no de Ley aprobada recientemente en el Parlamento, que insta a garantizar la participación de los ayuntamientos en la negociación de la Orden de Corporaciones locales a través de la Federación de municipios de Cantabria. La proposición, propuesta por el Partido Popular, ha recibido el respaldo de PRC, Podemos y Ciudadanos.
Según ha informado Laura Lombilla, secretaria de empleo: “CCOO ya mostró la oposición a la propuesta en la Comisión permanente del Diálogo social”, por vulnerar la Ley de participación institucional de los agentes sociales, y porque la participación de los ayuntamientos en la negociación de la orden pondría en peligro la cofinanciación de esta política de empleo por parte del Fondo Social Europeo, como ya sucedió con la retirada de la financiación a la orden de 2015 por irregularidades en los procesos de selección al no tenerse en cuenta los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
Las contrataciones de desempleados de la Orden de corporaciones locales son una política activa de empleo, que se desarrolla normativamente tras debatirse en el seno de la mesa de empleo y formación por la Administración, CCOO, UGT, CEOE y CEPYME que somos las organizaciones más representativas.
Según denuncia CCOO, esta Proposición no de Ley “pretende cambiar el escenario del diálogo social en la región, ninguneando a los interlocutores válidos en el diálogo social, atribuyendo a los ayuntamientos unas funciones que sólo pertenecen a los órganos de participación de la concertación”.
Ángela Sobrino, responsable del Administración Local de la FSC-CCOO, ha reiterado el rotundo rechazo del sindicato a esta Proposición no de ley, ya que: “esto inicia la campaña para las próximas elecciones municipales”.
La responsable sindical ha manifestado que “Supone volver a las andadas, al caciquismo y clientelismo político. Y es que parece que algunos siguen viendo en estas contrataciones una manera de comprar votos y no un fin social”.
CCOO ha recordado que la actual orden ya permite a los ayuntamientos realizar la selección de trabajadores, de entre los preseleccionados por el Servicio Cántabro de Empleo bajo unos criterios socioeconómicos definidos. “Los ayuntamientos deben realizar la selección a través de un procedimiento regulado y objetivo que garantice los principios de igualdad mérito, capacidad y publicidad, que es lo que no quieren” ha señalado Sobrino.
Para el sindicato, la Federación de Municipios debería preocuparse por el dinero que sus ayuntamientos “han robado a los trabajadores al no aplicarles los Convenios Colectivos”, tal y como confirman las sentencias judiciales que han “condenado” a muchas corporaciones locales de la región. “No es de recibo que ayuntamientos condenados sigan actuando de la misma manera, entendemos que esto es prevaricación”, ha manifestado Ángela Sobrino.
El coordinador del Sector Público de la FSC-CCOO, Carmelo Renedo, ha recordado el fin social de estas contrataciones, exponiendo que el actual proceso de selección respeta los criterios de igualdad, merito, capacidad y publicidad, así como la autonomía de los ayuntamientos para la selección final. “Y esto es con lo que quieren saltar, rompiendo con los criterios constitucionales, volviendo otra vez al caciquismo”, ha apostillado Renedo.
CCOO ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que los ayuntamientos han cotizado a la Seguridad Social por cantidades inferiores a las que correspondían, perjudicando a los trabajadores pero también a las arcas públicas.
Carmelo Renedo ha lamentado la situación que sufren estos trabajadores, que: “están siendo relegados a una situación tercermundista, tratados como los apestados de las administraciones locales”.
El sindicato ha advertido que no va a permitir que los ayuntamientos utilicen a los desempleados, y ha anunciado que actuará ante el menor resquicio de clientelismo político acudiendo a la Comisión Europea y a los tribunales, tal y como ha anunciado Laura Lombilla.

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