El portavoz del Partido Popular, Iñigo Fernández, ha afirmado hoy que las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria demuestran que la investigación abierta en la Consejería de Sanidad sobre las irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) es “un informe a la carta con conclusiones de encargo”, con el fin de “salvar la cara a los responsables de la Sanidad de Cantabria después de las gravísimas acusaciones formuladas hacia su gestión”.
“Ya sabían lo que iba a decir el informe antes de encargarlo, por eso lo que nosotros siempre hemos pedido era un informe de la Intervención, no un informe de parte”, ha añadido.
“Nunca hubo intención de investigar nada. Todo forma parte de una farsa. La voluntad de la consejera, Luisa Real, nunca ha sido la de aclarar los hechos sino la de esconderlos, y a esa finalidad obedece el informe cuyas primeras conclusiones ya maneja sorprendentemente el Gobierno”, ha dicho Fernández.
El portavoz del PP cántabro se ha preguntado “¿cómo es posible que el Gobierno anuncie conclusiones si el informe aun no ha sido entregado? ¿cómo es posible que aquellos a quienes se ha acusado de las irregularidades hayan podido hablar de conclusiones durante su comparecencia parlamentaria? ¿qué farsa es esta?”. A su juicio “lo único que falta para completar la comedia es que la consejera de Sanidad se presente mañana en el Parlamento con las conclusiones de este informe a la carta que nadie se cree”.
“Primero han dirigido las contrataciones y ahora dirigen las conclusiones del informe. Cada día que pasa, la consejera de Sanidad pierde más credibilidad”, ha sentenciado Iñigo Fernández.
En cuanto a la pretensión del Gobierno de Cantabria de extender la investigación a etapas anteriores, de la que ha hablado la vicepresidenta, Fernández considera que “es una manera de desviar la atención, para que nadie entre en el fondo de la cuestión”, que es la denuncia de la funcionaria, la acusación del colectivo médico y la documentación que el PP ha remitido al presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, y a la Fiscalía.
“Lo que está bajo sospecha no es la gestión de hace cinco, diez o quince años, sino la de hoy. Hay denuncias muy graves que hay que aclarar y la manera de hacerlo no es mirar hacia otro lado”, ha advertido el diputado. “Todo forma parte de la misma estrategia: tapar el problema y echar tierra sobre la denuncia de la jefa de servicio de Contratación del SCS”, ha apostillado.
Según Iñigo Fernández, quieren convertir el escándalo de las contrataciones del SCS en una causa general y un proceso paralelo contra el PP porque no pueden explicar lo que hacen. “No se trata de valorar o comparar gestiones sino de dar respuesta a unas denuncias graves y de aclarar si quienes hoy gobiernan la Sanidad han respetado la ley y han hecho buen uso del dinero público. Y un mes después seguimos sin respuesta”, ha dicho.
“Ya sabían lo que iba a decir el informe antes de encargarlo, por eso lo que nosotros siempre hemos pedido era un informe de la Intervención, no un informe de parte”, ha añadido.
“Nunca hubo intención de investigar nada. Todo forma parte de una farsa. La voluntad de la consejera, Luisa Real, nunca ha sido la de aclarar los hechos sino la de esconderlos, y a esa finalidad obedece el informe cuyas primeras conclusiones ya maneja sorprendentemente el Gobierno”, ha dicho Fernández.
El portavoz del PP cántabro se ha preguntado “¿cómo es posible que el Gobierno anuncie conclusiones si el informe aun no ha sido entregado? ¿cómo es posible que aquellos a quienes se ha acusado de las irregularidades hayan podido hablar de conclusiones durante su comparecencia parlamentaria? ¿qué farsa es esta?”. A su juicio “lo único que falta para completar la comedia es que la consejera de Sanidad se presente mañana en el Parlamento con las conclusiones de este informe a la carta que nadie se cree”.
“Primero han dirigido las contrataciones y ahora dirigen las conclusiones del informe. Cada día que pasa, la consejera de Sanidad pierde más credibilidad”, ha sentenciado Iñigo Fernández.
En cuanto a la pretensión del Gobierno de Cantabria de extender la investigación a etapas anteriores, de la que ha hablado la vicepresidenta, Fernández considera que “es una manera de desviar la atención, para que nadie entre en el fondo de la cuestión”, que es la denuncia de la funcionaria, la acusación del colectivo médico y la documentación que el PP ha remitido al presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, y a la Fiscalía.
“Lo que está bajo sospecha no es la gestión de hace cinco, diez o quince años, sino la de hoy. Hay denuncias muy graves que hay que aclarar y la manera de hacerlo no es mirar hacia otro lado”, ha advertido el diputado. “Todo forma parte de la misma estrategia: tapar el problema y echar tierra sobre la denuncia de la jefa de servicio de Contratación del SCS”, ha apostillado.
Según Iñigo Fernández, quieren convertir el escándalo de las contrataciones del SCS en una causa general y un proceso paralelo contra el PP porque no pueden explicar lo que hacen. “No se trata de valorar o comparar gestiones sino de dar respuesta a unas denuncias graves y de aclarar si quienes hoy gobiernan la Sanidad han respetado la ley y han hecho buen uso del dinero público. Y un mes después seguimos sin respuesta”, ha dicho.
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